Pensaron los miembros del Consejo de Gobierno, Valcárcel presidiendo el festín, que el resplandor que cegó a Zapatero, encabritó su caballo socialdemócrata y lo arrojó a la tierra edénica del neoliberalismo, de la primera revolución industrial de los extensos paisajes tóxicos de la China continental, era de tal intensidad que las y los empleados públicos murcianos quedarían inanes, desarmados, informados de la imposibilidad de responder al golpe con la consciencia tranquila pero con la razón crispada y vigilante. Eso pensaban ellos, y no les faltaban motivos, porque el recorte salarial del 5% de mayo de 2010 que se nos aplicó a las y los empleados públicos fue tímidamente contestado por las organizaciones sindicales con la convocatoria de una huelga general de escaso o nulo seguimiento, reforzando la imagen de unos y unas empleadas públicas poco combativas y con una mínima recepción del predicamento sindical. Posiblemente, los miembros del Consejo de Gobierno participaban de un imaginario en el que las y los empleados públicos semejábamos a los cristianos apiñados en el centro del Coliseum, rezando, aguardando la salida a la arena de los leones mientras el pueblo aplaudía desde la gradas el sacrificio de aquella extraña secta de privilegiados culpables de la peste, el hambre, la miseria y la decadencia que se había apoderado de la Murcia Inmobiliaria. No podemos obviar este dato: el sutil desplazamiento del sujeto culpable de la crisis económica. En un principio fueron los bancos, luego los especuladores y por último, cuando las miradas inquisitivas comenzaron a volverse hacia los políticos, el pecado originario recayó, como una losa de desprecio social, en las y los empleados públicos.
En Murcia el proceso fue matizado por el paternalismo del PP y su representación política. Eramos víctimas, como ellos, de la inconsistencia del gobierno central, de su política errática y de decisiones que solo agravaban la crisis económica. Ellos, con el tétrico espantapájaros de Zapatero en medio de un yermo de rastrojos y cuervos ávidos de carroña, eran los culpables, los que habían hundido el país y los responsables últimos de las dolorosas decisiones que era preciso adoptar so pena de no poder hacer frente a los derechos sanitarios, educativos y sociales de la ciudadanía murciana toda. Pero al tiempo que el Consejo de Gobierno y el PP murciano se lamentaban en público de su abandono, de la opción preferencial del gobierno central con las comunidades autónomas de su mismo signo político, de su apuesta por lo público a pesar de lo dramático de la situación, comenzó a transmitir a la opinión pública murciana, merced a su control absoluto de los medios de comunicación- diarios, emisoras de radio, televisiones públicas o privadas- su sospecha de que las y los empleados públicos vivían por encima de sus méritos laborales, con retribuciones salariales y en especie que los convertía en un colectivo privilegiado. Alguna Consejera de Hacienda, a la que recordamos apeándose de una limusina neoyorkina, se ofreció para explicar a la sociedad civil la anulación de los Acuerdos de 3 de marzo de 2008 (la conocida popularmente como “homologación con el SMS”) en el caso de que el Consejo de Gobierno, es decir, el presidente Valcárcel, asumiera sus postulados liquidacionistas. En frente, se narra en las crónicas orales, la Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas defendía los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales y, en opinión de alguna fuente también oral, era la primera defensora de los servicios públicos en el Consejo de Gobierno. El tiempo, la terca realidad y la dinámica interna de la política y sus consensos endógenos ha puesto en su sitio a cada una, y precisamente la Consejera de Presidencia ha optado, entre un ramillete florido de opciones coherentes y dignas, por atrincherarse en el Palacio de San Esteban con sus iguales, demostrando que, en última instancia, la dignidad, esa dignidad a la que los empleados y las empleadas públicas estamos erigiendo día a día, manifestación a manifestación, una estatua de acero tan alta al menos como la torre de la catedral de Murcia, no es un atributo propio o tal vez deseable para esta clase política que padecemos en el ámbito estatal y en el regional.
En el fondo, repasando el contenido de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, la lucha soterrada entre dos consejeras, mujeres ellas, por atraerse el favor y la aquiescencia de presidente Valcárcel no hace sino representar en el imaginario colectivo las concepciones sociales más machistas e impresentables de un país que hasta la crisis económica se vanagloriaba de su modernidad, del reconocimiento casi en solitario de derechos individuales y sociales avanzados y de una apuesta decidida por la igualdad material entre mujeres y hombres. Así es, las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que desde 2006 se aprobaron en la Administración Regional superando, en algunos casos, la legislación estatal han sido abolidas por el tijeretazo de Valcárcel, y el paro que la reinstauración de las 37,30 horas va a crear, incidirá directa y brutalmente en nosotras, que ocupamos mayoritariamente los sectores educativo, sanitario, asistencial y, en menor medida, los de apoyo administrativo. Desde el año 1978, incluso antes, no hemos asistido a una tan salvaje liquidación despótica de los derechos conquistados por las y los trabajadores en general, y por los empleados y empleadas públicas en particular. Es más, existía un consenso social sobre la imposibilidad de una regresión o anulación de los derechos reconocidos, cualesquiera que fueran. Zapatero y Valcárcel, ambos, en sus respectivos ámbitos de tierra quemada, paro y ausencia de futuro, se han encargado de desmentirlo. Y esta constatación nos induce a pensar que detrás de estas medidas, reiteradamente aireadas como provisionales por los gobernantes nacionales y regionales, existe la voluntad de liquidar el estado del bienestar, esa forma de organización económica y social amable, mitigadora de las desigualdades y protectora de la desventura, la mala suerte o el azar en la vida de las ciudadanas y ciudadanos.
Curiosamente, la clase política, sus voceros y demás adláteres han llegado a la proeza de conseguir que el empleo estable sea sinónimo de privilegio y que la protección al parado o al enfermo sea equivalente a ciertas formas de parasitismo social. En este sentido, resulta desalentador que los que han desarrollado y alentado el ya citado parasitismo social, la insolidaridad, el robo más o menos encubierto y el expolio de los recursos públicos aparezcan como algo parecido a las “hermanitas de la caridad” en los medios de comunicación, en agredidos por los agraviados, en gente bienintencionada que se ha visto abocada a cirugía mayor muy a su pesar. Y esto último es aplicable a tirios y troyanos, a gobiernos centrales y autonómicos, a diputaciones provinciales y ayuntamientos.
CONTINUARÁ (con la misma seguridad que continuará nuestra lucha)
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